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Cohesión y vertebración del territorio

La cohesión y vertebración territorial de la región requiere de actuaciones transversales, por lo que aspectos de la misma tienen reflejo en diferentes vectores estratégicos del presente Plan, así como un análisis específico del reto de la despoblación en Castilla-La Mancha. A tal fin, es necesario materializar acciones que cohesionen y vertebren el territorio, dando continuidad al proceso iniciado en 2016, con la implementación de la Estrategia ITI (Inversión Territorial Integrada) de Castilla-La Mancha 2014-2020, o con la Ley 5/2017, de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, con el fin de impulsar la actividad en zonas especialmente deprimidas y afectadas por la despoblación.

 Las políticas iniciadas en 2016 se han visto reforzadas e impulsadas desde 2019 con la creación de la figura del Comisionado para el Reto Demográfico, órgano desde el que se ha impulsado la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación, aprobada con amplio consenso y precedida del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha firmado en 2020 con agentes económicos y sociales. En la actualidad se está elaborando la Estrategia Regional frente a la Despoblación, como instrumento de desarrollo de la iniciativa legal descrita.

Las inversiones en conectividad contribuirán a la reformulación del modelo de bienestar de la población, junto con un plan efectivo de digitalización que asegurará una oferta de calidad de los servicios en todo el territorio, apoyando la fijación de población. Otro vector de cohesión territorial viene dado por el turismo, apostando por un turismo sostenible en Castilla-La Mancha, que ponga en valor todo el patrimonio arquitectónico y natural que ofrece la región.  También se hará un esfuerzo inversor en la digitalización del patrimonio cultural y profesionalizar las Industrias Culturales y Creativas. Este vector también incluye acciones específicas en materia de transporte y para atender a las nuevas preferencias residenciales de trabajadores y trabajadoras tras la pandemia de la COVID-19.